La Autoridad del Juego de Malta ha buscado asesoramiento legal sobre las consecuencias de firmar un acuerdo al que ha eludido desde 2014 y que requeriría que el país adopte una nueva definición de juegos de azar ilegales.
Si se firma, la Convención de Macolin, a la cual Italia ya es parte, significaría que las páginas web de apuestas deportivas que ofrecen sus servicios desde Malta a jurisdicciones donde es ilegal serían consideradas «ilegales» bajo la nueva definición.
Esto representa un cambio respecto a la posición adoptada por el gobierno a través de una nueva ley en los últimos meses. Este cambio repentino se materializa mediante un contrato por 22.750 euros firmado el pasado marzo entre la Autoridad del Juego de Malta y el bufete de abogados Van Bael & Bellis para la «Prestación de asesoramiento legal sobre los efectos de la futura firma (y ratificación) por parte de Malta de la Convención de Macolin«.
Actualmente, las páginas web de apuestas deportivas con licencia de la Autoridad del Juego de Malta no tienen la obligación de evitar que jugadores de países donde el juego es ilegal utilicen sus sitios web. En su lugar, optan por permitir que los jugadores asuman la responsabilidad de la renuncia, según informó el periódico Scift.
En 2021, los asesores internacionales que ayudaban al gobierno maltés en la preparación para la próxima decisión del Grupo de Acción Financiera sobre si Malta debería ser incluida en la lista gris aconsejaron al gobierno que adoptara la convención como muestra de buena fe, junto con una lista de tareas compuesta por una serie de reformas.
Malta fue incluida en la lista gris del FATF el 16 de junio de 2021, con la decisión del país de excluirlo del programa de supervisión reforzada 12 meses después.
El posible cambio de estrategia coincide con la entrada en vigor de una nueva ley del juego en junio del año pasado, que introduce cambios en la ley actual del juego para proteger a la comunidad del juego de demandas judiciales más allá de las fronteras del país.
La ley establece que las entidades con licencia maltesa y sus funcionarios no pueden enfrentar acciones legales por la prestación de servicios de juego en línea. Además, el proyecto de ley autoriza a los tribunales malteses a denegar el reconocimiento o la ejecución de decisiones judiciales extranjeras en este contexto.
