Un estudio reciente revela que los establecimientos de juegos de azar en la región autónoma de Galicia se beneficiaron de millones de dólares en fondos de ayuda relacionados con la COVID-19.
Bajo la administración del expresidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se implementó a finales de 2020 una reducción fiscal para ciertas compañías del sector del juego con el objetivo de atenuar el impacto económico de la pandemia. Originalmente, se pronosticó que la iniciativa resultaría en una merma de aproximadamente 3,66 millones de euros (casi 4 millones de dólares) en la recaudación tributaria para ese año.
Los datos oficiales del gobierno ahora confirman que la repercusión fue aún más significativa. Las empresas de juego dejaron de contribuir con 5,36 millones de euros (alrededor de 5,82 millones de dólares) en impuestos.
En un informe especial enviado al Parlamento gallego como parte de una comisión para estudiar la financiación regional, el gobierno cuantificó la reducción de ingresos fiscales en 3,66 millones de euros y solicitó fondos adicionales a los legisladores.
Este verano, los auditores gubernamentales de Galicia publicaron su informe anual de 2021, en el que se detalla el verdadero costo fiscal de los alivios tributarios otorgados.
Se espera que las pérdidas fiscales continúen incrementándose dado que la industria del juego en España muestra signos de recuperación. Aunque se justificó el recorte impositivo de 2021 como una medida temporal debido a la COVID-19, en 2022 se mantuvo el beneficio para las máquinas tragamonedas en bares y otros locales.
Incluso después de que Feijóo dejara su cargo, se ajustó nuevamente la ley tributaria para incorporar a los operadores de bingo, argumentando que el bingo está en marcado descenso y corre el riesgo de desaparecer.
Además, Galicia avanza en legislación sobre Juegos de Azar. Después de cinco años de debates y preparativos, Galicia está cerca de actualizar su marco legal sobre juegos de azar, que data de 1985. Las nuevas directrices, que ya están listas para su aprobación final por el Parlamento gallego, permitirán que las máquinas de juego continúen en los bares, y facilitarán la expansión de los casinos.
Además, la ley en ciernes incluirá más supervisión sobre el bingo, aunque este juego está en declive. Un aspecto polémico de la reforma es la proximidad de los locales de juego a centros educativos. Aunque se intentó establecer una distancia mínima de 300 metros, la iniciativa no prosperó. Sin embargo, no se autorizarán nuevas instalaciones que no cumplan con este criterio.
Finalmente, los operadores de apuestas deportivas también recibirán beneficios bajo la nueva legislación, permitiéndoles establecer puntos de apuestas en estadios y ferias, siempre que obtengan la aprobación parlamentaria.
